Las formas primarias de gobierno en nuestro país las encontramos en el “calpuli”, como institución fundamental del mundo pre-hispánico. El señor que mandaba recibía el título de “tlatoani” (quien habla para gobernar, en náhuatl) o de “tlacatecutli” en épocas de guerra. Cuando varios “calpulis” coincidían en alianzas, entonces designaban al “jefe de jefes” como “huey-tlatoani”, indicando la jerarquía del mayor o del más experimentado con la palabra “huey”.
El modelo político fundamental que se impuso con la conquista hispánica (1521-1821) fue centralista o monárquica. De manera que en nuestro México, “se juntó el hambre con las ganas de comer”, hablando en forma coloquial; es decir, la forma pre-hispánica de gobierno central del “tlatoani” se fortaleció con la figura jerárquica de “su Majestad el Rey”. Todo el modelo de la Casa de Austria o de los Habsburgos (1521-1700), lo mismo que en lo esencial de la Casa de Borbón (1700-1821) fue la orden de “Yo el Rey”, para firmar las cédulas reales y todos los mandatos para gobernar en nombre del Soberano (Vice-rey o virrey). El caso más absolutista fue cuando Carlos III ordenó la expulsión muy injusta de los jesuitas, en 1867, por razones (afirmó él) “que guardo en mi real pecho”; además, llegó a decir que los habitantes de la Nueva España “¡nacieron para callar y obedecer!” Típico modelo político de su pariente francés Luis XIV, responsable de aquella frase tan demoledora y nada democrática: “El Estado soy Yo” (L’État, c’est moi).
Así las cosas, a partir de la consumación de la Guerra de Independencia (27 de septiembre de 1821, con la entrada triunfal a la capital mexicana del Ejército Trigarante) se buscó afanosamente el modelo político o proyecto de nación para nuestro país. Influyeron en aquellos tiempos las ideas de la Revolución Francesa, por la parte de las llamadas “garantías individuales”, y la influencia geopolítica del modelo federalista (¡Nunca centralista!) de la cultura anglosajona, más norteamericana que inglesa... Esto explica que durante el siglo XIX, se firmaran en nuestro país tres constituciones federalistas: la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (¡hasta el mismo nombre copiado de “nuestros primos del norte”) del 3 de octubre de 1824; el Acta Constitutiva y de Reformas de los Estados Unidos Mexicanos, del 21 de mayo de 1847 (¡en plena guerra contra Norteamérica, que nos prestaba el nombre y el modelo como “franquicia” semejante a las hamburguesas o refrescos de Cola!) para ‘restablecer el sistema federal de Gobierno, con algunas reformas a la Constitución de 1824; y la Constitución Política de la República Mexicana del 5 de febrero de 1857. Además, se aceptaron también dos constituciones centralistas en aquel contexto del mismo siglo XIX: la del 30 de diciembre de 1836, mejor conocida como la de las Siete Leyes y la del 12 de junio de 1843, llamada Bases Orgánicas, o Bases de la Organización Política de la República Mexicana. Finalmente, en un intento de búsqueda para nuestro mestizaje indígena-hispánico, tuvimos también una Constitución imperialista, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano del 10 de abril de 1865, en épocas de Maximiliano de Habsburgo.
En el siglo XX, México sólo ha tenido una, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en la ciudad de Querétaro solamente por los carrancistas aquel 5 de febrero de 1917; en ésta, no participaron las fuerzas militares e ideológicas del villismo, del zapatismo y mucho menos del catolicismo (en un país ¡católico! ¡Vaya democracia!). Esto explica en parte las más de 400 modificaciones importantes que La Carta Magna o Constitución ha tenido hasta la fecha, incluyendo las “reformas salinistas”, en 1992, que cambiaron esencialmente al ejido (artículo 27) y a las relaciones Iglesia-iglesias-Estado (artículo 130) ... Se siguió modificando... Y no cumpliendo u obedeciendo...
¡Alabado sea Jesucristo, “Camino, Verdad y Vida”, rebasando y trascendiendo todo tipo de constituciones demasiado humanas!
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